La construcción ilegal, por su indiscriminado aumento, se ha convertido en los últimos años en un desafío que erosiona la planificación urbana y socava la confianza en el sistema regulatorio. Los constructores legales se enfrentan a un número creciente de requisitos y trámites para obtener permisos de construcción, lo cual encarece y complica el proceso, generando un entorno desigual, donde quienes construyen de manera ilegal, evadiendo estas normativas, ofrecen proyectos en condiciones financieras que pueden resultar más atractivas para algunos desarrolladores y compradores.

Para abordar este desafío, es crucial que las autoridades municipales implementen medidas más estrictas y eficientes de vigilancia y control, creen un sistema de denuncias accesible para los ciudadanos, realicen inspecciones regulares y promuevan sanciones severas para los infractores. Además, se hace necesario, agilizar y simplificar los procesos de licenciamiento para los constructores legales, garantizando así que el cumplimiento de la ley sea un obstáculo desproporcionado y por el contrario se convierta en un incentivo para generar desarrollo.

Por otra parte, el uso del suelo indiscriminado y no regulado, también está generando problemas significativos, con un aumento, por ejemplo, del tráfico pesado y el ruido en zonas residenciales, por la instalación de actividades industriales en sus entornos próximos, o el deterioro de la movilidad por la construcción de ambientes comerciales que no incluyen adecuadas zonas de parqueo, y que generan ambientes visuales y sonoros altamente contaminados.

Las autoridades locales deben entonces, garantizar que los usos del suelo sean coherentes con las necesidades y características de cada zona, realizando un proceso serio, coherente y de efectivo cumplimiento, que incluya la reasignación de zonas para actividades comerciales, industriales y residenciales de manera que se minimicen los conflictos y se favorezca un desarrollo urbano sostenible.

Debemos tomar las buenas prácticas de ciudades como Barranquilla, donde avanzaron con megaproyectos como el malecón del rio magdalena, una zona abandonada de la ciudad que recuperaron como punto de encuentro y epicentro turístico; o Medellín donde actualmente están trabajando sobre el proyecto urbano integral (PUI), que busca mejorar la infraestructura, vivienda, y el espacio público de la ciudad. El centro de nuestra ciudad debe convertirse en un eje dinámico y atractivo, tanto para los residentes como para los visitantes, y para lograrlo, es necesario implementar políticas que promuevan la restauración de edificios históricos, la creación de espacios públicos de calidad y el fomento de actividades culturales y comerciales.

Como Comité Intergremial de Risaralda, estamos seguros que la llegada de nuevas inversiones a nuestra ciudad, representa una oportunidad inigualable para transformar la ciudad, pero esto solo será posible si se establecen y aplican controles rigurosos sobre las construcciones ilegales y el regulado uso del suelo. La planificación estratégica y el control son esenciales para garantizar una ciudad ordenada, sostenible y vibrante, abordando estos desafíos de manera proactiva, Pereira, podrá asegurar un crecimiento urbano que respete el bienestar de sus habitantes y potencie su desarrollo económico y social.